Autor: Dr. Mgs. Hernán Utreras Coronel
“La causa más frecuente y motivo principal de muerte en el Ecuador, es sin lugar a dudas, los accidentes de tránsito”
Quiero empezar esta reflexión en forma directa, tratando talvez, de concienciar a aquel bondadoso que ponga sus ojos en estas líneas, no porque directamente se encuentre inmerso en problema, más bien porque todos somos parte de él.
Y como no hacerlo, al ser ésta la primera causa de fallecidos en el país, seguida por agresiones; luego las enfermedades cerebro vasculares y del corazón; y, finalmente las lesiones auto provocadas.
Los decesos por este motivo, es un grito a voces en la sociedad ecuatoriana. Pese a ello, a las autoridades de turno no les interesa poner el dedo sobre la llaga, caso contrario nos lo harían notar de alguna manera. Su falta de acción sobre este tema, posiblemente se deba a compromisos que no les permiten actuar? Talvez, porque no se encuentran fuertemente comprometidos con ésta realidad que lacera a la colectividad en su conjunto? De pronto, por no haberlo sufrido ésta tragedia en carne propia, o a través de un familiar cercano o algún amigo querido?
Cualquiera que sea la circunstancia, tristemente debo hacer notar la impavidez de la que se nos ha contagiado. Parece común, que en las vías del país se produzcan hechos realmente deplorables en los que fallecen de forma violenta víctimas inocentes que confiaron en la responsabilidad y experticia de quienes estuvieron al frente de esas armas mortales, llamadas vehículos y quienes “lograron” sobrevivir, arruinadas sus existencias por dramáticas paraplejias y mutaciones.
Lo cierto es que, en los medios de comunicación social con relativa frecuencia nos dan a conocer de los aparatosos escenarios que los envuelven.
Considero que es oportuno, es más, siempre será oportuno que, todos quienes formamos la sociedad ecuatoriana, estemos obligados a proponer reformas a las leyes, porque así nos lo permite la Constitución de la República del Ecuador que es taxativa, determinante y lo garantiza en sus artículo 95: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”
Así como también en el 103.- “La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia. Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente. Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá presentarse otra”
Es un problema social, que debe ser analizado con absoluta transparencia, dejando de lado compromisos previos que tanto daño han hecho a la República.
Por esa componenda, chanchullo, amistad o como quiera llamarse al “compadrazgo” entre las autoridades de turno y los “jeques criollos “que son dirigentes del transporte de todo tipo, con quienes pactan o co-gobiernan, se produce el desangre en las vías del país; de otro modo, al existir la decisión política de todas las autoridades creando una ley adecuada, que sea sancionadora y no permisiva, otro sería el panorama.
Con las excepciones del caso, los choferes profesionales así como lo Sportman, que conducen los diferentes tipos automotores a nivel nacional, son carentes de los más elementales conocimientos. Sépase, que en algún momento por mi profesión, defendí legalmente a un ciudadano, que fue causante de un accidente de tránsito que tuvo como resultado, la muerte del conductor contrario, dicho ciudadano era “analfabeto”. Es de preguntarse, como obtuvo su licencia profesional tipo “E”? Todo esto seguido de una desidia el momento de manejar, acompañada de un estado psicológico no acorde a la delicadeza y prolijidad de su trabajo o actividad, provocan pavorosos resultados.
Bajo este escenario todos somos responsables de alguna forma: gobierno, autoridades de todos los sectores y niveles, sociedad civil, fuerzas armadas y fuerza pública, medios de comunicación, mandos eclesiásticos, instituciones de educación superior, organizaciones no gubernamentales, etc.
En años anteriores, era común observar las estadísticas sobre las principales causas para que se produzcan los accidentes de tránsito y como recordamos, la ingesta de alcohol y drogas dominó por mucho tiempo, seguida de conducir mientras se habla por teléfono, después de estas el irrespeto a la ley.
En la actualidad, las anteriores causas, han sido relevadas en importancia por: el agotamiento o fatiga; conductores que usan medicamentos ansiolíticos o antigripales, que producen somnolencia; mal estacionamiento; vehículos mal parqueados; y, salida intempestiva de animales a la vía.
En verdad, la sociedad ecuatoriana debemos plantear nuevas alternativas de convivencia desde nuestras perspectivas, frente a ciertos desadaptados que se encuentran detrás de un volante. Personas que por su nivel cultural “consideran” que son dueños de la verdad, en éste caso particular de las vías por donde ellos circulan sin ningún tipo de recelo o respeto de sus congéneres. Ciudadanos “cultos” pero que el momento de conducir un automotor se despojan de esa cultura y educación, convirtiéndose en criminales al volante.
Situación aparte, es la que vivimos con los “profesionales del volante” que con el último paro protagonizado, se confirmó la teoría de que ellos en su mayoría son responsables de diferentes laceraciones y muertes en las vías y carreteras, ya que en el tiempo de su paralización los índices de violencia vial, fueron relativamente nulos.
Debemos insistir, que las autoridades responsables de crear y modificar leyes, deben estar a la altura de las circunstancias, sin prestarse irresponsablemente a los juegos politiqueros y centrarse racionalmente en la necesidad de crear en éste caso una ley que se ajuste a la realidad pese a quien le pese, con sanciones drásticas y efectivas.
Por otro lado, a los operadores de justicia les corresponde hacerla respetar por la investidura que ostentan, que en forma confiada la sociedad les otorgó, pero que hasta la fecha nos queda debiendo.